SENAPE

Reseña Histórica

Creación (1997)

El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, fue creado en el marco de la reestructuración del aparato estatal boliviano impulsada por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo – LOPE, Ley Nº 1788, de 16 de septiembre de 1997. Esta ley estableció a los “Servicios Nacionales” como entidades operativas desconcentradas de los ministerios, con competencias específicas.

En ese marco, el SENAPE fue creado con la misión de efectuar la identificación, inventariación,valoración y registro de los bienes inmuebles, vehículos, equipos, estudios, proyectos, y derechos de autoría intelectual, que son propiedad del Estado.

Su reglamentación se dio mediante el Decreto Supremo Nº 25152, de 4 de septiembre de 1998, que definió su estructura organizativa, competencias técnicas y atribuciones legales.

Desde sus inicios, el SENAPE se ubicó bajo la dependencia funcional del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, entonces parte del Ministerio de Hacienda, actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – MEFP.

Consolidación y Diagnóstico Institucional (1998–2005)

Durante sus primeros años, el SENAPE operó bajo una estructura que incluía niveles de Dirección,coordinación técnica, Auditoría Interna y Oficinas Distritales en las capitales departamentales. Esta fase permitió identificar limitaciones operativas y presupuestarias que evidenciaron la necesidad de una reingeniería institucional.

El Decreto Supremo Nº 25152, aunque fundacional, fue superado por los desafíos prácticos de gestión, lo que llevó a una revisión profunda de sus competencias y estructura.

Reestructuración Estratégica y Modernización (2005)

El 22 de diciembre de 2005, se aprobó el Decreto Supremo Nº 28565, abrogando el anterior marco normativo y estableciendo una nueva estructura funcional para el SENAPE. Esta reforma definió su nuevo mandato, estableciendo competencias estratégicas el registro de los bienes el Estado, la promoción del saneamiento, la disposición de los bienes recibidos de otras instituciones, la administración del activo exigible de las entidades disueltas o en proceso de liquidación, y la conclusión de los procesos de liquidación de ex entidades estatales y entes gestores de la seguridad social.

El SENAPE dejó de ser un Ente meramente registrador para convertirse en un actor clave en el gobierno fiscal. Se fortalecieron áreas como la liquidación de entes gestores de la seguridad social,y se consolidó su rol dentro del MEFP.

Transformación Digital y Logros Institucionales (2013–2024)

Desde 2013, el SENAPE ha institucionalizado la rendición pública de cuentas como práctica anual,fortaleciendo la transparencia y la confianza ciudadana.

A partir de 2021, logró que el 100% de las entidades públicas presenten oportunamente su Declaración Jurada de Bienes del Estado – DEJURBE, manteniendo este hito durante cuatro gestiones consecutivas.

Este logro fue posible gracias a una estrategia nacional de capacitación, talleres presenciales en capitales departamentales y la implementación de sistemas informáticos amigables. La firma digital y la gestión transparente en línea han sido pilares de esta transformación.

Rol Estratégico en la Gestión Pública

El SENAPE ha evolucionado hacia una función estratégica en la administración pública. La emisión de certificaciones con firma digital como la Certificación de Inexistencia de Bienes Inmuebles Digital – CIBID, el Sistema de Certificación del Parque Automotor – SICEPA y la Certificación del Registro de Bienes Declarados – CERBID, permiten optimizar el uso de activos estatales, evitando gastos innecesarios (papel y toner) y promoviendo la eficiencia fiscal.

Su labor se alinea con los objetivos del MEFP de preservar la estabilidad económica como patrimonio del pueblo boliviano y fomentar la equidad en el uso de recursos públicos.

Perspectivas Futuras

En el año del bicentenario de Bolivia, el SENAPE se proyecta como una institución clave para consolidar una administración pública moderna, transparente y eficiente. Su trayectoria demuestra una capacidad de adaptación normativa, innovación tecnológica y compromiso con la transparencia y la gestión pública.